La presión de la comunidades como la madrileña, Cataluña y Murcia ha hecho que Illa cambie de flexibilice su postura. Eso sí, cada región tendrá que presentar un plan detallado de acción.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha planteado a las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado ayer, que las que quieran realizar test de COVID-19 en los establecimientos farmacéuticos le presenten un plan detallado. En él, han de especificar aspectos relativos al personal, medios, equipos de protección individual, registros e instalaciones en las oficinas de farmacia.
Desde la Comunidad de Madrid han celebrado este cambio de postura del Ministerio de Sanidad, ya que que lleva unas semanas pidiendo al Gobierno Central la realización de estas pruebas en las farmacias de la región. Además, según una nota del Ejecutivo madrileño, Díaz Ayuso pidió este miércoles a la Unión Europea la validación de estos test en España, siguiendo la estela de otros países europeos como Francia, Portugal y el Reino Unido.
El 22 de septiembre de 2020, Sanidad aprobó el uso de este tipo de prueba para saber si el paciente portaba o no la COVID-19. En un primer momento, había muchos profesionales que dudaban de su eficacia, pero la segunda generación de test ha despejado muchas dudas.
El test de antígenos es muy fácil de usar, solo es necesario un bastón y tomar una muestra de la mucosa. Después se coloca el algodón con la muestra en un trozo de cartón donde están los reactivos que dirán si el resultado es positivo o negativo. El tiempo que hay que esperar para saberlo es de unos 15 minutos de media, mucho más rápido que las pruebas PCR, que tardan unos días. Los antígenos cuestan unos 4,5€ a la administración, mientras que las PCR se sitúan en torno a 100€.
Fernando Simón ya avisó de que no se pueden utilizar en todas las situaciones, ya que su eficacia de estos test en los sintomáticos es alta, pero en los asintomáticos «pierde sensibilidad».
