El Ayuntamiento de Boadilla del Monte seguirá reclamando sus derechos sobre los caminos del Monte Romanillos

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Mediante la presentación de un recurso por infracción procesal y de casación ante el Tribunal Supremo.

Según informó el Consistorio este martes, han recurrido la sentencia dictada el pasado mes de julio por la Audiencia Provincial de Madrid que confirmó el fallo del Juzgado de Primera Instancia de Móstoles que determinó el carácter privado de los caminos de Monte Romanillos.

El Consistorio apela en el recurso al carácter inalienable e imprescriptible de los derechos como argumento frente a la consideración de “pasividad o demora” municipal para inferir la naturaleza pública de los caminos, algo que argumenta la sentencia de la Audiencia Provincial, e insiste en que estos son “bienes de dominio público de los denominados naturales” por lo que no es necesario emprender un procedimiento expreso para probar la titularidad.

El litigio comenzó en el año 2007 por un expediente de subsanación de discrepancias catastrales que provocó que el Ayuntamiento considerara explícitamente la titularidad pública de los caminos “desde tiempo inmemorial”, aspecto en el que insiste en el recurso ahora presentado. En 2014, el Consistorio inmatriculó los caminos en el Registro, incluyéndolos en el inventario de bienes municipales.

Previamente, en 2013,  como consecuencia del cierre de las entradas de varias sendas y de la vía pecuaria cordel segoviano, el Ayuntamiento de Boadilla presentó una denuncia contra los propietarios.

El Juzgado de Majadahonda ordenó entonces como medida cautelar el desalojo y puesta a disposición de los ayuntamientos afectados (Boadilla y Majadahonda) y de la Comunidad de Madrid de los caminos cerrados, eliminando para ello cualquier obstáculo existente (puertas, cadenas, piedras, barras…). El auto indicaba que era al Consistorio o ente público al único que correspondía la gestión y dominio sobre caminos, candados y cadenas, siendo los únicos que podían proceder a su colocación, retirada, apertura, gestión y decisión sobre las mismas.

Posteriormente, la Audiencia Provincial levantó las medidas cautelares dejando la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas en manos de las administraciones implicadas. Después de esta medida, los propietarios de la finca presentaron su demanda para reivindicar la propiedad de los caminos, lo que inició el procedimiento judicial cuya última actuación del Consistorio ha sido la presentación del citado recurso ante el Supremo.

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