Alternativa por Boadilla (APB) ha afirmado que actualmente las localidades del Distrito 1 (Majadahonda, Boadilla,Pozuelo, Las Rozas y Villanueva de la Cañada) cuentan con «medios y personal son insuficientes».
También se han mostrado contrarios a la orden aprobada por la Asamblea de Madrid que permite que los orientadores no sean funcionarios públicos y seleccionados por los centros concertados.
APB ha señalado que tuvieron conocimiento de que cuatro personas llevaban la orientación escolar en esta etapa para casi 300.000 habitantes de la zona. «La plantilla pública del Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) para Boadilla del Monte solo ha aumentado en una persona compartida (medio recurso)».
Además, han indicado que han tenido conocimiento a través de los inspectores asignados a las localidades del Distrito 1 (Majadahonda, Boadilla, Pozuelo, Las Rozas y Villanueva de la Cañada) «que sus medios y personal son insuficientes», dado que tienen que inspeccionar cientos de centros públicos, privados y concertados, desde escuelas infantiles a Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
Han recordado que en marzo de 2017, presentaron una iniciativa, a petición de los profesionales de la zona oeste, tras conocer la sobrecarga de trabajo y su insuficiencia de medios personales y materiales.
En relación a la normativa de la Asamblea de Madrid que ha aprobado una Orden (547/2019, de 24 de febrero), «por la que se regulan los criterios para la organización y funcionamiento de la Orientación Primaria en centros privados concertados y su financiación«, de forma que se permite que los orientadores no sean funcionarios públicos y seleccionados por los centros concertados, el edil de APB en la Comisión de Educación, Félix Jiménez, considera que «el orientador no debe ser un trabajador contratado por el centro educativo y estas funciones deben ser desempeñados por funcionarios públicos dado que estos centros se sostienen con fondos públicos. Los funcionarios realizan su labor de forma independiente de la dirección y de los intereses del centro«. Asimismo, afirma que «la ley debe garantizar que tenga las condiciones de imparcialidad objetivas a la hora de tomar las mejores decisiones sobre el alumno«.
En opinión de esta formación esa orden «supone un abandono de responsabilidades públicas sobre un derecho constitucional como el de la educación, y perjudica gravemente a las familias, dado que en el sistema anterior el alumno era evaluado o diagnosticado por profesionales independientes y funcionarios». Creen que a partir de ahora, «la labor orientadora va a estar en manos privadas, siendo estas decisiones trascendentales para la educación de sus hijos».
APB ha anunciado que hasta que la norma entre en vigor, van a solicitar su paralización a la Comunidad de Madrid.
