Es una de las principales conclusiones del informe ‘Mirar al Sur de Madrid’, que ha impulsado la Diócesis de Getafe, a la que pertenecen 48 municipios, entre ellos Boadilla del Monte.
El análisis del sociólogo Andrés Aganzo, refleja que los territores del sur de la Comunidad de Madrid (1.691.452 personas) son «profundamente desiguales» y que los perfiles de personas más perjudicados son los jóvenes, las mujeres y los migrantes, fundamentalmente por la falta de estabilidad laboral y las condiciones precarias de empleo.
Reconocen que «a pesar del crecimiento económico y los indicadores de bienestar de la mayor parte de la población, persiste la cronificación de la pobreza y desigualdad; la escasa inversión pública en servicios sociales y educación», lo que, «ha exacerbado las carencias en áreas clave como la salud, la vivienda y la atención a las personas mayores.
Asimismo, señalan que la inversión en estos de servicios esenciales, es significativamente inferior a la media de la Comunidad de Madrid, «lo que contribuye a una desigualdad creciente entre los municipios periféricos y los más céntricos de la región».
Desigualdad y pobreza estructural
El informe apunta a que en localidades como Boadilla del Monte el promedio de Renta Media Disponible (RMD) anual por declarante es de 46.480 euros, mientras que en otras como Parla o Fuenlabrada es de 20.137 y 20.851 euros, respectivamente, «lo que subraya las enormes diferencias económicas dentro de la misma región».
Y es que según los últimos datos de la Agencia Tributaria (2022), los porcentajes de rentas más bajas se encuentran en los municipios del sur en torno a una media del 25% de sus declarantes. Parla lidera esta lista, con un 25 % de su población en riesgo, seguido de Fuenlabrada (23 %) y Móstoles (21 %). La pobreza severa afecta especialmente a los hogares con menores ingresos, con un umbral crítico establecido en 6.010 euros anuales. Las rentas medias en estos municipios se sitúan entre el 42 y 45%.
La escasa inversión pública en servicios sociales y educación en los municipios del sur, agrava las carencias en áreas clave como la salud, la vivienda y la atención a las personas mayores
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE alcanza al 20,9% de la población de los municipios diocesanos, es decir, en torno a 350.000 personas. En el umbral es 14,3%, 241.000 habitantes y la Carencia Material y Social Severa representa el 8,5% de la población, 143.650. El umbral de pobreza de menores de 18 años alcanza al 25%.
Empleo
En el ámbito laboral, el informe muestra que la falta de estabilidad laboral y las condiciones precarias afectan particularmente a los grupos más vulnerables: jóvenes, mujeres y migrantes. Las tasas de paro son especialmente altas, y los índices de temporalidad y trabajo a tiempo parcial son más elevados que en otras áreas de la Comunidad de Madrid. De hecho, el paro afecta a 77.604 personas, de las cuales el 62 % son mujeres, lo que pone de manifiesto la desigualdad que persiste en el mercado laboral, contribuyendo de manera significativa al aumento de la brecha salarial.
Vivienda
Otro aspecto es el de la vivienda, con un panorama muy compliado para acceder a ella en el conjunto de España y de la Comunidad de Madrid. Según el Censo de Población y Vivienda 2021, en los 10 municipios señalados del sur de Madrid existen 482.770 inmuebles, de las cuales 75.973 están en régimen de alquiler (16,1 %), una cifra que sigue creciendo. Además, 28.017 permanecen vacías, «lo que pone de manifiesto una grave ineficiencia en la distribución y uso de los recursos habitacionales, que agrava las desigualdades en estos territorios».
Desde la Diócesis de Getafe consideran que «se requieren políticas de vivienda pública y programas de rehabilitación que favorezcan el alquiler asequible y la mejora de la habitabilidad, reservando al menos un 30% de las viviendas rehabilitadas para los hogares en situación de vulnerabilidad».
Demografía y natalidad
Los datos muestran que la población diocesana se concentrada en 10 municipios: Móstoles 214.503 habitantes; Getafe, 197.648; Fuenlabrada, 194.886; Leganés,190.665; Alcorcón 172.865; Parla, 133.738; Valdemoro, 81.695; Boadilla del Monte, 64.635; Aranjuez, 60.668; y Pinto, 55.208 habitantes. Alcanzan 1.366.511 habitantes, que representan el 81% de toda la población.
La edad media de la población de España alcanzó el 1 de enero de 2023 los 45,3 años. Prácticamente todos los municipios del Sur de Madrid se encuentran por debajo de esa cifra; los más jóvenes se encuentran en Pinto, 39,97 años; Parla 38,69 y Boadilla del Monte con 38,1 años.
No obstante, el mayor porcentaje se encuentra en el grupo comprendido entre los 30 y 64 años que alcanza a 845.726 personas (50%).
La población joven de los 48 municipios del sur metropolitanos con edades comprendidas entre 16 y 29 años son 253.717 representan el 15% del total de la población. Los ven con «un futuro cargado de incertidumbre». Mismo porcentaje que la de 65 a 80 años, que alcanzan 253.717.
El indicador coyuntural de fecundidad (o número medio de hijos por mujer) se situó en España en 1,16 en 2022. Por nacionalidad, el número medio de hijos por mujer se redujo tres centésimas entre las madres españolas (hasta 1,12). Por el contrario, entre las extranjeras se mantuvo en el 1,35.
Por municipios del sur de Madrid las que presentaron las mayores medias de hijos por mujer fueron Parla (1,41), Getafe (1,36) y Valdemoro (1,25). Por debajo, Alcorcón (1,22); Móstoles (1,21); Leganés (1,18); y Fuenlabrada (1,12).
La edad media de la maternidad se mantuvo en 32,6 años en 2022.
Propuestas
Vistos los datos, desde la Diócesis de Getafe creen que «la mejora de la calidad de vida en estos municipios debe pasar por un cambio estructural que apunte a la reducción de la desigualdad social y económica. Para ello, se deben aumentar las inversiones públicas en servicios esenciales, mejorar las infraestructuras y promover políticas de inclusión laboral que favorezcan a los colectivos más vulnerables».
Consideran necesaria la «importancia de la Atención Primaria y la necesaria inversión en salud pública por encima de la tendencia de la privatización y la mercantilización».
Para combatir la pobreza, «el sistema de garantía de rentas es uno de los soportes básicos de la protección social en un Estado de bienestar para el mantenimiento de un nivel de vida digno del conjunto de la ciudadanía. En esta dirección es básico la consolidación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como las pensiones y las prestaciones sociales».
En relación al envejecimiento demográfico, lo entienden como «una importante fuente de creación de empleo y oferta de servicios sanitarios y de cuidado, el comercio, el ocio y la movilidad».
Se deben aumentar las inversiones públicas en servicios esenciales, mejorar las infraestructuras y promover políticas de inclusión laboral
Otro aspecto es la educación, proponen ampliar el número de plazas pública del ciclo 0-3 años, porque actualmente, apenas se llega al 50% de la población escolarizada en ese tramo, y en su mayoría en centros privados o concertados. «Las familias interpretan que esto es debido a la falta de plazas públicas accesibles económicamente», por lo que consideran «necesaria también una mayor dotación de profesionales para la atención a la diversidad del alumnado en los centros públicos», así como la «la ampliación de la oferta formativa de FP».
Indican que las administraciones deben «adoptar políticas medioambientales para afrontar los retos ecológicos de la región». Destacan la contaminación de los ríos y la presencia de vertederos (como los de Pinto en territorio de la Diócesis). «La transición ecológica y la economía circular se presentan como elementos fundamentales para mejorar la calidad del entorno y garantizar un desarrollo sostenible en la zona sur».
Finalmente recuerdan actuaciones concretas que están impulsando a través sus áreas como la Pastoral Caritativa y Social; Cáritas; Migraciones; Pastoral Penitenciaria; Obrera; Salud; del Mayor; la Plataforma de la Iglesia por el Trabajo Decente;o la Delegación de Ecología Integral.
