Ciudadanos pide que González Terol depure responsabilidades por el acoso laboral sufrido por Ana Garrido

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Ricardo Díaz, ha solicitado mediante una moción que el regidor de Boadilla del Monte y diputado nacional, «identifique a los responsables del acoso y les reclame el pago de la indemnización por daños morales».

Tras el fallo del Tribunal Supremo del que informó Boadilladigital el pasado 15 de noviembre, por el que condenó al Consistorio a indemnizar con algo más de 96.000 euros a la ex trabajadora municipal y testigo del caso Gürtel, Ana Garrido, C’s cree que «para que la intención de regeneración en el PP sea creíble, González Terol tendrá que identificar y reclamar las indemnizaciones a quienes hayan causado, ordenado o consentido el acoso laboral realizado durante su gobierno y ratificado en sentencia firme por el Tribunal Supremo».

Díaz ha explicado que «aunque el Ayuntamiento es responsable subsidiario, los daños morales han sido causados por determinadas personas por acción, orden u omisión de evitarlo». El edil naranja ha añadido que «los vecinos no deben pagar la indemnización de los daños que han provocado las personas que hayan acosado a la trabajadora».

Además, ha recalcado que «no hay que olvidar que el acoso fue durante el mandato de González Terol», y ha agregado que «el alcalde siempre ha presumido de adalid anticorrupción y defensor de los intereses de los vecinos de Boadilla, por lo que tiene el deber de identificar a quienes acosaron y reclamarles el perjuicio causado al Ayuntamiento».

Díaz ha señalado que, su «objetivo es que los autores u ordenantes del acoso sean identificados y restituyan a las arcas municipales el dinero que tienen que pagar todos los vecinos por una pésima gestión del Gobierno Municipal en este conflicto».

El portavoz ha concluido que «resulta todavía más reprobable el hecho de que el acoso se haya producido contra una denunciante de la corrupción de anteriores gobiernos del PP, y que el actual haya recurrido sistemáticamente todas las sentencias de condena hasta que el Tribunal Supremo ha cerrado el caso dando la razón a la trabajadora».

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