El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte aprobó ayer la propuesta para adjudicarlo por un periodo de 10 años por alrededor de 90 millones de euros en total.
La sesión plenaria de enero recogía en su orden del día la propuesta de adjudicación del contrato de ‘Servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos del municipio’, que es el más importante del Ayuntamiento, con una duración proyectada de 10 años y un importe total cercano a los 90 millones de euros (aproximadamente 9 millones anuales).
A la licitación se presentaron seis empresas, tal y como contó Boadilladigital en esta noticia de abril de 2025. La adjudicataria es Urbaser (la actual responsable del servicio) y la moción fue aprobada con 18 votos a favor (PP), ningún en contra y 7 abstenciones (correspondientes a la oposición).
El cuarto teniente de alcalde y delegado de Medio Ambiente, David Mesa (PP), presentó la propuesta destacando que este es el paso final de un proceso de tres años. El contrato se divide en 4,6 millones de euros para la recogida de residuos y 4,3 millones para la limpieza viaria.
Argumentó que el incremento del coste (un 50% en recogida y un 55% en limpieza respecto al contrato anterior) se justifica principalmente por la renovación total de la maquinaria, que en algunos casos tenía hasta 14 años de antigüedad, y el aumento de las frecuencias de servicio. Según el concejal, «se compra maquinera completamente nueva» que ha tenido una subida de precio muy alta, y además «se aumentarán las frecuencias de recogida y las de limpieza en todas las calles del municipio».
En cuanto a cuándo estará adjudicado, apuntó a que la «prioridad es adjudicarlo cuanto antes», porque «un trabajador que trabaja feliz es más rentable para la empresa y tiene mucho mejor rendimiento para todos».
Mesa también recalcó la postura del equipo de Gobierno sobre la tasa de basura.»Este Ayuntamiento está bien gestionado, no necesitaba esa tasa; se nos ha obligado a imponerla… por obligación del Estado».
Intervenciones
Marian Graña (Más Madrid) subrayó la magnitud del contrato y la necesidad de una vigilancia estrecha, señalando: «Seguimos y seguiremos insistiendo en la necesidad de control, planificación y una política de residuos coherente y seria que esté a la altura de la magnitud de este contrato«.
Alfonso Castillo (PSOE) centró su intervención en la situación laboral de los empleados, urgiendo a la adjudicación definitiva para desbloquear las tablas salariales de 2025 a 2030 (las actuales son de 2024), ya que estas no tienen carácter retroactivo.
Juan Pineda (Vox) expresó su preocupación por la calidad del servicio, dado que la empresa adjudicataria es la misma que ha operado la última década, y pidió rigor en el cumplimiento de los pliegos. «Su oferta somos conscientes de que ha sido la más baja, algo que nos parece bueno para el bolsillo de los vecinos, pero que no puede convertirse en un servicio deficiente».
Javier González (PP), defendió la gestión y el trabajo «exhaustivo» realizado por las áreas del Ayuntamiento involucradas, destacando que el aumento presupuestario es una inversión técnica necesaria en infraestructura. «Las políticas coherentes de recogida de residuos en este sentido están perfectamente definidas por parte del Ayuntamiento«, afirmó.
Finalizó el punto David Mesa, asegurando que el control de la implantación del servicio será «aún más exhaustivo» que en etapas anteriores para garantizar que se aproveche cada euro invertido y que la prioridad es el bienestar de los trabajadores.
