A través de una moción del PP en la sesión plenaria del Ayto. de Boadilla del Monte que tuvo lugar el pasado viernes, aprobada con los votos de los populares y de VOX.
La tasa, unos 47 euros por ciudadano, entrará en vigor en abril de 2025 y se sumaría a los cerca de 61 euros que actualmente paga cada ciudadano de manera indirecta.
El Pleno insta al Gobierno de España a que presente un proyecto de ley nuevo, frente a la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que respete la autonomía local y permita, en particular a los municipios con suficiencia financiera en sus cuentas públicas, la libre elección del método de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos.
La moción fue votada en contra por PSOE y Más Madrid Boadilla y recuerda que esa norma obliga a todas las entidades locales, sin excepción, a establecer una tasa de basuras en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la normativa, es decir, en abril de 2025 como máximo.
Recuerda que el artículo 140 de la Constitución Española consagra la autonomía de los municipios para su gobierno, administración y gestión. También argumentan que en el artículo 106 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1985 se recoge esa libertad de las entidades locales para establecer y exigir sus propios tributos. “Obligar a todas las administraciones a aplicar una tasa a sus vecinos supone un grave ataque a la libertad y la autonomía de gestión de las entidades locales” recalca la moción.
Por otro lado creen que la norma no contempla ninguna diferencia en el modelo de financiación del servicio de recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos entre administraciones locales con suficiencia económica y superávit, frente a aquellas que tienen problemas financieros, y todos los ayuntamientos «se verán obligados a imponer la tasa de basura», y además «deberá cubrir todos los costes del servicio (operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos e incluso el coste de las campañas de concienciación y comunicación)». En opinión de PP y de VOX, los consistorio no podrán financiar, ni siquiera parcialmente, el coste del servicio con recursos municipales.
Cuota tributaria
Asimismo, cuestionan cómo se determinará la cuota tributaria que, según la ley, se aplicaría repartiendo el coste del servicio entre los distintos obligados tributarios y en atención al principio “quien contamina, paga”, por lo que será necesario conocer el volumen de residuos que se generan.
La moción explica que la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local ha augurado que la imposición de la nueva tasa municipal de residuos, sin la existencia de una ordenanza fiscal tipo de referencia para su cálculo e implantación, «generará una situación de gran inseguridad jurídica y supondrá, como conllevó la plusvalía, un indeseable aumento de la litigiosidad”.
Desde el equipo de Gobierno del PP recuerdan que en Boadilla del Monte, la mayoría de los impuestos están en el mínimo legal permitido y algunos, como los de vado y basuras, son inexistentes. Según el Instituto de Estudios Económicos, es el municipio de España de más de 50.000 habitantes en el que se pagan menos impuestos.
Según algunos cálculos, la nueva tasa supondrá un coste medio de 47 euros por ciudadano. No obstante, desde la Fundación Ent, con datos de 2022, cada habitante paga de media 61,15 euros (de forma indirecta, normalmente a través del IBI u otros impuestos), lo que implicará que a partir de 2025 pagarán alrededor de 108 euros, aunque la Organización Nacional de Consumidores y Usuarios (OCU) apuntó en un estudio de 2022 a que no hay unanimidad ni en la forma de calcular, ni en la cuantía, ni en el tipo impositivo.
