Archivan la querella contra el alcalde de Boadilla del Monte por falta de competencias

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Antonio Gonzalez Terol alcalde de Boadilla del MonteEl Juzgado de Instrucción número seis de Móstoles (Madrid) ha archivado la causa que abrió contra Antonio González Terol (PP), por la contratación de abogados externos para representar al Ayuntamiento en el caso Gürtel y que inició el ex regidor, Arturo González Panero, que está investigado en ese proceso.

La titular del juzgado emitió el día 19 de diciembre un auto con esta decisión por carecer de «competencia para la instrucción y por corresponder en exclusiva a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo», ya que González Terol es aforado por ser diputado en el Congreso, por lo que no entra en el fondo de la querella. Contra esta decisión cabe recurso.

Todo comenzó a finales de noviembre cuando ese órgano judicial admitió a trámite la querella del exregidor boadillense, Arturo González Panero y citó al actual alcalde a declarar como investigado, tal y como informó Boadilladigital. En ella le acusó de haber contratado en 2013 un despacho de abogados externo amigo de su familia, mediante un procedimiento sin publicidad, en lugar de los servicios jurídicos del Consistorio, para la causa Gürtel. Sin embargo, en esa denuncia no se mencionaba la condición de aforado, «silenciada en el escrito».

A continuación la jueza libró comunicación al Congreso de los Diputados para confirmar el aforamiento del alcalde, algo que ha sucedido y ha desembocado en el auto que se ha conocido ahora y archiva la denuncia.

En las alegaciones presentadas por González Terol el 13 de diciembre en las que pedía el sobreseimiento del procedimiento, señaló: «Lo más llamativo es cómo el querellante pone el foco de una querella por prevaricación sobre una persona, de quien no afirma haber dictado resolución arbitraria alguna y a quien no achaca comportamiento activo de ningún tipo». Además, habló de «resentimiento patológico» como la causa que llevó al exalcalde a interponer esa acción penal y «no por motivaciones legítimas». Y apuntaba a que «era un intento de invalidar todas las pruebas que el servicio jurídico contratado había aportado en el juicio contra Panero y algunos miembros de su entorno, a quienes se había conseguido imputar».

Desde el Ayuntamiento indicaron cuando se conoció la admisión a trámite de la querella que el procedimiento de contratación se había hecho según los “informes correspondientes” y en base a la Ley de Contratos del Sector Público vigente.

 

 

 

 

 

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