Así lo ha expresado el edil de APB y profesor, Félix Jiménez López.
Desde este Grupo municipal han señalado que coinciden «con quienes sostienen que la información es la clave para escoger un centro educativo; sin embargo, hay informaciones a las que los padres tienen muy difícil acceso porque los colegios no la suministran, la Administración no las difunde ampliamente y las familias no conocen sus derechos». Es por esto por lo que han escrito «Otro punto de vista para elegir colegio para nuestros hijos».
Jiménez ha apuntado a que debe ponerse el foco a la hora de analizar un centro educativo en «la atención que cada colegio pone en el éxito de los alumnos que presentan características diferenciadoras de lo que absurdamente se llama normalidad». En este sentido cree que es «imprescindible» conocer «cómo se atienden las diferentes necesidades, según las características del alumnado, en lo que a su aprendizaje se refiere y el grado de cumplimiento de las leyes educativas», e indican que en la publicidad que aparece en los medios de comunicación no lo van a encontrar. «La excelencia de un centro debería medirse en función de la atención y el éxito de los alumnos con situaciones más complejas de aprendizaje: altas capacidades, trastornos de atención, disléxicos…etc».
Cumplimiento de las directrices legales
En opinión del concejal, «las familias tienen derecho a que a sus hijos se les apliquen unas medidas que ayudarán a su éxito escolar». Entre ellas señalan la adaptación de tiempos en los exámenes que podrán incrementarse hasta u 35% sobre el previsto para ello, las facilidades técnicas o materiales, las adaptaciones de espacios en aulas separadas o la utilización de instrumentos y formatos para evaluar los aprendizajes. Ellas «son medidas legales que los centros educativos tienen la obligación de atender con más del diez por ciento del alumnado».
Ha insistido en que esas normas «son de aplicación obligatoria en todos los centros públicos, concertados y privados» de la Comunidad de Madrid. En los dos primeros tipos de educación, ha afirmado que los equipos de orientación educativa realizan el estudio y diagnóstico que, posteriormente, debe ser avalado por un médico especialista en Neurología y que se llevará al orientador y a la Jefatura de Estudios del centro donde está matriculado el alumno. Sin embargo, ha apuntado a que los primeros «están saturados y carecen de personal suficiente». Si los padres quiesieran llevar a sus hijos a un psicólogo privado «suelen cobrar honorarios que superan los 500 euros, lo que supone un desembolso inicial importante para la mayoría de familias».
Jiménez cree que una vez que los progenitores han conseguido el informe, comienza «el vía crucis», ya que denuncia que «los padres tienen que estar permanentemente comprobando que a sus hijos se les aplican las condiciones que marcan las leyes porque en la mayoría de los centros falta la tradición de asimilar los hábitos y rutinas necesarias para que todo el profesorado, tutores y orientadores estén perfectamente coordinados para que no tenga que ser el propio alumno quien demande las condiciones de aplicación de exámenes y controles y, que además, el resto del alumnado no viva las situaciones diferenciadoras como discriminatorias».
El edil apunta a que esa falta de cumplimiento de las directrices legales «puede llevar al fracaso escolar a alumnos que tienen todas las potencialidades para alcanzar el éxito».
Finalmente, desde APB recomiendan a las familias que que «no elijan centro con el conformismo de quien lo hace por descarte o porque no encuentra nada mejor, que no se dejen influenciar por los grandes alardes de instalaciones, bilingüismos y otros elementos secundarios que la publicidad de los mismos ofrece».
