Los concejales de esta formación han presentado para su tramitación en el Pleno de febrero una iniciativa para fomentar y reforzar la conciliación familiar.
La propuesta recoge que las escuelas infantiles tengan diferentes turnos y ampliación de jornada de 09.00 a 19.00 horas. Alternativa por Boadilla (APB) considera que abrirlas «más allá de los horarios lectivos, incorporar personal sanitario, revisar ratios y flexibilizar los horarios responde a una concepción avanzada y acorde con las necesidades de las familias en el siglo XXI».
La idea de esta formación es poner en marcha en el curso 2019-2020 un programa piloto en una de las escuelas de titularidad y gestión 100 cien por cien municipal (Escuela Infantil Romanillos) «para que las familias de Boadilla puedan llevar a sus hijos en el turno que mejor se adapte a sus necesidades y obligaciones laborales.
Ese cambio llevaría consigo, según APB, «una adaptación de los precios actuales que se pagan en relación con el servicio». Y han señalado que los niños que se acojan a un horario flexible no podrán estar más de seis horas al día.
Una vez valorada la experiencia piloto en ese centro, «si fuera positiva, se extendería a las otras dos públicas de gestión externalizada con las que cuenta el Ayuntamiento de Boadilla del Monte».
Desde APB han argumentado su moción por «las necesidades reales que tienen las Familias en Boadilla (sobre todo mujeres) que no quieren que su hijo permanezca en la escuelita todas las horas, pero que si tuvieran una oferta de jornada reducida se animarían a llevarlo». Además creen que «el factor de la flexibilidad puede llegar a ser tan importante en la toma de decisiones para la elección de un centro, como otros que se barajan habitualmente».
El edil de APB en la Comisión de Educación, Félix Jiménez, ha instado al Gobierno Municipal «a promover con nuestros recursos las condiciones efectivas para conciliar la vida profesional y familiar de muchas familias de Boadilla, dando contenido real a los derechos constitucionales de nuestros vecinos».
Asimismo, ha recordado que la conciliación familiar y laboral es un derecho reconocido enla Ley 39/1999, de 5 de noviembre, «para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras» y en la Constitución, artículos 39.1, que establece el «deber de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la Familia«; y el artículo 9.2, la obligación de que «los poderes públicos como actores obligados a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas».
